by Otto Plögerweden
Me contaron que el Estado español ha tenido que invertir 24 millones de euros para salvar una reserva natural que peligraba porque los propietarios de los campos lindantes extraían el agua de aquel lugar. Hace un par de meses, la misma administración salió en defensa de los ciudadanos que no podían viajar vía aérea a diferentes destinos porque un paro de controladores aéreos había dejado sin la debida cobertura el espacio aéreo español. Es evidente que el Estado se preocupa por sus ciudadanos, los protege y les brinda lo necesario para vivir dignamente. Pero ahora veamos la acción de gobierno desde otro ángulo: cuando los controladores aéreos decidieron parar, el Estado "protegió a los ciudadanos" enviando a las fuerzas militares para presionar y obligar a los controladores a realizar sus tareas. Que si es una decisión correcta o inconstitucional, es tema para tratarlo en otra oportunidad, ahora lo que interesa es saber cuál es el criterio aplicado por el Estado, para proteger un espacio vital para los ciudadanos mediante la decisión de invertir 24 millones de euros en lugar de hacer cumplir la ley.
